Deberes del cliente durante la representación legal

La relación profesional entre abogado y cliente no se sustenta únicamente en los deberes del letrado, sino también en una serie de obligaciones que corresponden a quien encarga la defensa o asesoramiento.

Estas obligaciones se derivan tanto de la naturaleza contractual del servicio como de la normativa deontológica recogida en el Estatuto General de la Abogacía Española -Real Decreto 135/2021- y en el Código Deontológico de la Abogacía.

Su cumplimiento resulta imprescindible para que la actuación jurídica se desarrolle con eficacia y dentro de los márgenes legales establecidos.

El primer deber fundamental es proporcionar información veraz, completa y oportuna sobre los hechos relacionados con el asunto.

La ocultación de datos relevantes, la entrega tardía de documentación o la aportación de información inexacta pueden comprometer gravemente la estrategia jurídica y generar consecuencias procesales desfavorables.

El abogado construye su actuación sobre los datos disponibles, por lo que cualquier distorsión de la realidad puede afectar a la viabilidad de la defensa.

Otro aspecto esencial es la entrega de la documentación necesaria en tiempo adecuado. Procedimientos judiciales y administrativos están sujetos a plazos estrictos, y la falta de documentos puede impedir la presentación de escritos o pruebas dentro de los términos legales.

Esta obligación incluye conservar y facilitar originales cuando sea necesario, así como comunicar cualquier cambio relevante que afecte al caso, como nuevas circunstancias personales, económicas o contractuales.

La colaboración con la estrategia jurídica constituye igualmente un deber relevante. Ello implica seguir las indicaciones profesionales, comparecer cuando sea requerido ante juzgados o administraciones, firmar documentos necesarios y mantener una comunicación fluida con el abogado.

La ausencia injustificada a actuaciones procesales o la negativa a cumplir instrucciones técnicas puede perjudicar seriamente la posición jurídica en el procedimiento.

En el ámbito económico, corresponde al cliente abonar los honorarios pactados y las provisiones de fondos necesarias para afrontar gastos derivados del asunto.

Estos gastos pueden incluir tasas judiciales, honorarios de procuradores, informes periciales o costes de notificaciones.

El incumplimiento de estas obligaciones puede llevar a la suspensión de actuaciones o incluso a la renuncia del abogado, siempre conforme a la normativa aplicable y garantizando la protección del procedimiento.

También existe el deber de actuar de buena fe durante toda la relación profesional. Esto supone evitar conductas que dificulten deliberadamente el trabajo del letrado, respetar los acuerdos alcanzados y comunicar con transparencia cualquier circunstancia que pueda afectar a la continuidad del encargo.

La confianza mutua es un elemento esencial en la defensa jurídica, y su deterioro puede hacer inviable la prestación del servicio.

Finalmente, debe respetarse la independencia profesional del abogado, quien está obligado a actuar conforme a la ley y a las normas éticas de la profesión.

No puede exigirse la realización de actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico o a la deontología, ni la adopción de estrategias incompatibles con la buena práctica profesional.

El cumplimiento de estos deberes permite que la representación legal se desarrolle en condiciones óptimas, favoreciendo una defensa coherente, eficaz y ajustada a Derecho.

La participación responsable de quien encarga el servicio no solo facilita el trabajo del profesional, sino que aumenta las posibilidades de alcanzar un resultado satisfactorio dentro del marco legal vigente.